Por Alejandro Urueña
Ética e Inteligencia Artificial (IA) - Founder & CEO Clever Hans Diseño de Arquitectura y Soluciones en Inteligencia Artificial. Magister en Inteligencia Artificial.
Y María S. Taboada
Lingüista y Magíster en Psicología Social. Profesora Titular de “Linguística General I” y “Política y Planificación Linguísticas” de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNT.
Hay una palabra en la reciente orden sobre innovación y seguridad en inteligencia artificial del ejecutivo estadounidense que conviene mirar con más desconfianza que ninguna de las técnicas de Machine Learning: “voluntario”. Aparece varias veces, siempre con ese tono tranquilizador que mitiga los efectos de lo que realmente se dice. La orden que Estados Unidos firmó el 2 de junio se llama “Promover la Innovación y la Seguridad Avanzada en Inteligencia Artificial”, y está colgada en la web de la Casa Blanca para quien quiera leerla entera. Le pide a las empresas que construyen los modelos de inteligencia artificial más potentes del mundo que permitan al estado mirar dentro de su arquitectura y diseño en inteligencia artificial treinta días antes de sacarlos al mercado. Pero que quede claro, repite el texto, nadie está obligado a nada. Es una invitación.
Para entender por qué esta propuesta resulta más extraña de lo que parece hay que retroceder un poco. En 2023 Biden firmó otra orden que obligaba, con todas las letras, a esas mismas empresas a compartir con el Estado las pruebas de seguridad de sus modelos. Cuando Trump asumió, la derogó el primer día por considerarla una trababa la innovación, y cimentó todo su discurso sobre la promesa de no regular la IA tal como hacen los europeos. Ahora, año y medio después, vuelve a pedir exactamente lo que había tirado a la basura. Solo que esta vez no lo pide con una ley en la mano sino con una palmada por la espalda para que el Gobierno vuelva a mirar el interior de los modelos; lo que cambió fue el modo.
Lo de “no es obligatorio” merece un párrafo aparte, porque ahí está la pequeña obra maestra. La orden se toma el trabajo de aclarar, negro sobre blanco, que nada de esto autoriza a exigir una licencia, un permiso ni una autorización previa para desarrollar modelos. Es decir: dedica un párrafo entero a jurar que no es lo que es. Y uno entiende por qué necesita jurarlo: si confesara que está regulando, traicionaría la marca entera con que Trump llegó al poder. El truco funciona igual. El gobierno ha decidido vigilar de cerca los “modelos de frontera”(“covered frontier model”). Si la empresa “colabora”, le miran las cartas un mes antes que a nadie y si no, queda como la única empresa que le esconde algo al Gobierno en materia de seguridad nacional. Ningún abogado en su sano juicio aconsejaría negarse.
La orden no le da instrucciones al Secretario de Defensa. Se las da al “Secretary of War”, al Secretario de Guerra, y le encomienda tareas al “Department of War”, el Departamento de Guerra. El año pasado Trump reflotó ese nombre, que había estado enterrado desde el final de la Segunda Guerra. Y vale recordar por qué lo habían enterrado. Cuando terminó la guerra, el Congreso cambió “Guerra” por “Defensa”, justamente para que el nombre hablara de evitar guerras y no de hacerlas. “Defensa” es una palabra de posguerra, una palabra que pide disculpas por el siglo que acababa de pasar. Volver a “guerra” es deshacer esa disculpa. Y cuando la oficina que se ocupa de la inteligencia artificial se llama “de Guerra”, la IA deja de ser una cuestión de productividad. Pasa a ser, sin vueltas, un campo de batalla. Por eso no resulta casualidad que Open IA y Anthropic hayan enfriado una carta para evitar el desarrollo de armas biológicas con inteligencia artificial.
El resto del articulado va en la misma dirección de lo mencionado anteriormente, aunque con una faceta que conviene reconocer. La orden manda blindar a las apuradas los sistemas del propio Estado y ofrece poner las mejores defensas digitales al alcance de hospitales rurales, bancos chicos y servicios públicos, que hoy son blanco fácil de cualquiera. Crea para eso una especie de mesa central que en el original le dicen “clearinghouse”, una cámara donde varios organismos cruzan información.
La comparación con Europa evidencia un océano de por medio. Los europeos sacaron su ley de IA, el AI Act, y regulan como quien redacta un código civil: clasifican todo por riesgo, prohíben, obligan, multan, con detallada prolijidad pero se olvidaron del legislar en materia de guerra en cuanto a las armas con inteligencia artificial. Estados Unidos hace lo opuesto y, sin embargo, llega a un lugar parecido. Europa controla por norma; Estados Unidos, por cercanía.
¿Y nosotros, qué? Miramos el partido desde la tribuna, sin equipo en la cancha. No porque hayamos resuelto el dilema, sino porque ni siquiera nos lo planteamos en serio. Y lo que más preocupa es que el estándar que va a regir el mundo no lo va a escribir el Boletín Oficial de ningún país del sur. Lo escribe el país donde se entrenan los modelos que después usamos todos. El día que un estudio jurídico de Tucumán, un juzgado o un hospital adopten una de estas IA de frontera, van a estar adoptando en el paquete las reglas, los umbrales y las prioridades de seguridad que se decidieron en una mesa de Washington en la que jamás participaron. La soberanía tecnológica no se pierde de un día para el otro con un golpe de Estado. Se cede despacio, de a una licencia de software por vez, y casi siempre con la mejor de las intenciones.
La orden repite como un mantra la palabra “voluntario”: estrategia discursiva para convencer de la transparencia de intenciones. Pero cuando el país más poderoso del planeta solicita con excesiva cortesía conocer el modelo 30 días antes que el resto del mundo, la voluntad deja de ser una opción.